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Comisaría 38ª PF

- Hola, Comisaría 38ª
- Pasame con el principal Rodríguez
- Rodríguez, tenés teléfono
- Hola
- ¿Qué hacés? Escuchame una cosa, pasó una diputada y vio el boliche donde están las pendejas, como esta semana hay quilombo con el tema trata en el congreso y un montón de actos, avisales que saquen a las menores y las escondan arriba.
- Ok. Tranqui que yo aviso.

La transcripción pertenece a una escucha telefónica dispuesta por la justicia a raíz de una denuncia que recayó en el Juzgado Federal 5, Secretaria 9, que investiga la Fiscalía 12 a cargo del doctor Patricio Evers, en el marco de la causa 8774/12. Si bien la diligencia judicial tenía como objetivo buscar pistas para descubrir a los responsables del robo de pistolas y revólveres del depósito de armas de la comisaría 38º, las conversaciones registradas permiten inferir a los investigadores que desde la seccional, se cometerían otros delitos, como el encubrimiento de redes de trata de personas y el cobro de coimas a delincuentes.Lamentablemente para el prestigio descascarado de una Policía Federal cada vez más connivente con el delito organizado, esta no es la única causa que aguarda en los tribunales el avance de un proceso demasiado lento para la gravedad institucional que sus
evidentes conclusiones suponen. Al menos otras tres investigaciones con abundante material respaldatorio que tramitan en juzgados de instrucción y federales de la ciudad de Buenos Aires, tienen en el centro de los cuestionamientos las actividades de tres comisarías porteñas y sus responsables, a quienes se acusa de los delitos de cohecho en perjuicio de comerciantes a los que se les habría requerido dinero a cambio de protección. Y lo que es aún más grave: los pesquisas efectuaron diversos análisis sobre las declaraciones juradas y los patrimonios de los comisarios y subcomisarios involucrados en la investigación y determinaron un notorio incremento que los denunciados tienen dificultades para justificar.
Durante el año 2011 y los primeros meses de 2012, la Comisaría 44ª estuvo a cargo del comisario Mario Antonio Trejo, a quien secundó el subcomisario Carlos Alberto Del Papa. A partir de una denuncia ingresada el 30 de agosto de 2012 en el Juzgado de Instrucción 20, se inició la causa 32693/12 que investiga a estos dos funcionarios y a otros siete suboficiales y agentes por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 256 y 257 del Código Penal. En lenguaje criollo, la justicia presume que estos federales cobraron por protección policial o “quintas” a comerciantes y particulares, permitiendo el ingreso de dinero mediante un sistema de recaudación ilegal “desviando recursos humanos que deben efectuar servicios de prevención del delito en otras zonas, hacia el cuidado de intereses particulares”. Lejos de poner a los responsables de estas serias irregularidades bajo la lupa preventivamente, la Jefatura policial terminó protegiéndolos destinándolos a otras dependencias. Concretamente Trejo se encuentra actualmente a cargo de la Comisaría 51ª y Del Papa de la 42ª.
La detallada denuncia –basada en el testimonio de personal policial recogido por la Coordinación de Fiscalización de Fuerzas de Seguridad, dependiente de la cartera que conduce Nilda Garré- incluye los lugares, las fechas y las horas en las que personal de calle de la 44ª estuvo afectado a la tarea de vigilancia en locales comerciales cuyas zonas no estaban incluidas en las cuadrículas de acción preventiva, todo lo cual permite concluir a los investigadores que las irregularidades “responden a un accionar sistemático de la comisaría en su conjunto”. Pero además incluye otras graves acusaciones como la protección de actividades ilícitas como las combis que no poseen habilitación, los puestos de venta callejera y los prostíbulos ubicados en las inmediaciones de la estación Liniers del ferrocarril ex-Sarmiento. “En la zona hay unos quinientos puestos que pagan cada uno entre 50 y 200 pesos semanales”, asegura uno de los agentes denunciantes.
Otra comisaría que no está exenta de sospechas en materia de corrupción policial, es la 7ª, que tiene jurisdicción en el barrio de Balvanera. Las denuncias llegaron, en este caso, al Juzgado de Instrucción 1, a cargo del doctor Hernán López y fueron tan contundentes que configuraron otra causa, la 32688/12, donde se investiga al comisario Luis Alberto Poggi, a los subcomisarios Claudio Lucione,  Osvaldo Tapia y Elio Tobarez y a cinco oficiales y suboficiales de la dependencia por el presunto delito de “cohecho”. Todo se inició en junio de 2012, cuando el ministerio de Seguridad recibió una serie de denuncias que involucrarían a estos funcionarios con el “cobro a los comercios y galerías de importadores chinos donde se venden indumentarias de marcas falsificadas”. Los detalles y precisiones sobre los lugares de cobranza y el nombre de los cobradores es tal, que la cartera presentó la correspondiente denuncia judicial en la que consta que el personal policial “cobra 500 pesos por cada container con mercadería falsificada que ingresa en la zona, habiendo visualizado hasta 25 por día”.
También en la causa hay un informe de la Unidad de Políticas de Transparencia del ministerio consistente en un análisis de las declaraciones juradas y legajos del personal policial investigado. En el documento consta que “del análisis de la información surgen inconsistencias entre los ingresos percibidos por los agentes policiales y el patrimonio adquirido”. El caso más interesante es el del comisario Lucione, que ingresó a la PFA en 1975 y que entre 2008 y 2011 estuvo en la comisaría 7ª, pasando luego a revestir como segundo jefe primero y jefe después de la 17ª. “De la lectura conjunta del legajo personal y sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción surge claramente un importante incremento patrimonial”. Entre los detalles más curiosos que destaca el informe, aparece la adquisición de una casa de 1100 metros cuadrados en Cariló ubicada en la calle Fresno, a metros del Golf y rodeada de bosque. Según declara Lucione, la adquirió en agosto de 2008 por un valor de 219.000 pesos, equivalentes a 76.000 dólares a esa fecha (unos 70 dólares el metro cuadrado), un valor sensiblemente inferior al precio de mercado. ¿Cómo justifica haber obtenido ese dinero con un ingreso que  -a junio de 2012- ascendía a los 13.600 pesos? “En el año 2006 informa haber vendido el 1 de enero (sic) parte de un inmueble en el barrio de Mataderos cuya adquisición no había informado previamente, justificando de este modo un ingreso de dinero a su patrimonio por 40 mil pesos. También informa haber vendido parte de otro inmueble en Mataderos cuya adquisición tampoco había informado con anterioridad, justificando una suma de 35 mil pesos”, sostiene el informe. Y lo más insólito: declara haber recibido una “donación” de 80 mil pesos y la tenencia de otros 120 mil pesos provenientes de “ingresos propios”.
Al que tampoco le fue nada mal con su salario policial es al subcomisario Tapia quien con su salario actual de 11.700 pesos, declaró en 2010 tener una embarcación Day Cruser, un departamento de 55 metros cuadrados en Capital Federal y un automóvil cero kilómetro marca Peugeot 207. Y qué decir del comisario Poggi quien declaró en 2006 haber adquirido un inmueble de 900 metros cuadrados en la localidad de La Reja por 70 mil pesos, consignando como origen de los fondos otra “donación” y al año siguiente compra un Fiat Idea 0 kilómetro por 48 mil pesos con “ingresos propios”. Finalmente en 2009, Poggi y su esposa declaran la compra de una casa en el Country Club El Moro de 4372 metros cuadrados por la que dicen haber pagado 224 mil pesos.
La última de las causas relevadas tramita en el juzgado federal 11 y se originó con una denuncia realizada el 2 de julio de 2012 contra los responsables de la Comisaría 28ª, con jurisdicción en Parque Patricios. Los involucrados son los comisarios Osiris Catalán y Walter Rodríguez; los subcomisarios Marcelo Méndez y Daniel Lobos; y seis oficiales y suboficiales que cumplen funciones en la dependencia. Todos ellos están acusados de cobrar protección a los comercios y liberar zona para el accionar de la barra brava de Huracán cuando el equipo juega de local en el Palacio Ducó.

Fuente: Comisarios ricos en una ciudad insegura